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l medio ambiente es de todos y sólo
hace posible nuestra vida si se preser-
van de su degradación ciertos pará-
metros vitales. Por el fuego, Córdoba perdió
100 mil hectáreas de bosque nativo en 10
años.
Un informe delMinisterio deAmbiente yDesar-
rollo Sustentable de la Nación señala que Cór-
doba es la segunda provincia del país que más
bosque nativo ha perdido a causa de incendios
entre 2007 y 2016. En esos 10 años, 100 mil
hectáreas de bosques nativos cordobeses fueron
arrasadas por el fuego.
No se contabilizan en esa cifra los pastizales, los
campos agrícolas o las áreas forestadas con espe-
cies no autóctonas. Si sumásemos las diferentes
superficies afectadas, el resultado final sería de
casi 750 mil hectáreas.
Concentrémonos en nuestro bosque nativo.
Cien mil hectáreas representan mil kilómetros
cuadrados. La ciudad de Córdoba, un cuadrado
perfecto de 24 kilómetros por lado, tiene una su-
perficie de 576 kilómetros cuadrados. No es un
ejido pequeño, sino todo lo contrario.
Pues bien: la quema del bosque acumulada en la
década estudiada equivale entonces a casi a dos
veces la dimensión de nuestra capital provincial.
Supongamos por un instante que todo lo que
hay en ella desapareciera por obra del fuego, sin
prisa pero sin pausa, hasta superar con creces sus
límites jurisdiccionales hacia los cuatro puntos
cardinales. Sería muchomás que una tragedia.Y
representaría una pérdida irreparable, en más de
un sentido. Una foto aérea donde sólo se vieran
los restos humeantes y ennegrecidos de toda esa
área impactaría la sensibilidad de cualquier ser
humano.
Es un razonamiento por el absurdo que busca
hacernos comprender que eso es lo que le ha
pasado y le pasa a nuestro bosque nativo sin
que nos demos cuenta, sin que nos detengamos
a pensar todo lo que perdemos cada vez que se
quema una mínima fracción.
Hace un siglo, la provincia tenía unos 12 mil-
lones de hectáreas ocupadas por ese bosque.
Hoy apenas si quedan, en buen estado de con-
servación, unas 300 mil hectáreas. Al ritmo de
la última década analizada, en 30 años más de
fuego podríamos ver sucumbir al último ejem-
plar autóctono de ese bosque.
Como hemos dicho en otra ocasión, el medio
ambiente es de todos y sólo hace posible nues-
tra vida si se preservan de su degradación cier-
tos parámetros vitales. El bosque nativo es uno
de ellos. En consecuencia, estamos ante una
cuestión ambiental que nos incumbe a todos.
La mayoría de estos incendios se inician por
un descuido humano. Otros, por un vandal-
ismo injustificable al que nos cuesta investigar,
sea para prevenirlo, sea para reprimirlo. Final-
mente, algunos incendios se vinculan a intereses
económicos.
En todos los casos, el Estado tiene que saber
proteger a la sociedad, interpretándola y siendo
consciente del grave problema ambiental que
enfrentamos. La única alternativa que tenemos
es empeñarnos conjuntamente –las autoridades
y la sociedad, los especialistas y los legos– en un
programa intensivo y extensivo de reforestación.
(Editorial diario La Voz del Interior, Córdoba)
F
inalmente, el secretario General de las
Naciones Unidas Antonio Guterres ha
emitido un comunicado sobre la es-
calada de la violencia en Nicaragua, donde
han muerto por lo menos 264 personas en
las manifestaciones antigubernamentales de
los últimos tres meses. Pero su declaración,
además de ser tardía, es lamentable.
Guterres dijo en un comunicado que
está “profundamente preocupado” por
“la violencia continua e intensificada en
Nicaragua”, así como por el ataque del
9 de julio contra sacerdotes de la Igle-
sia Católica que actúan de mediadores
en la crisis. También pidió a “todas las
partes” que se abstengan del uso de la
violencia.
Pero, vergonzosamente, omitió decir
que casi todas las muertes fueron causa-
das por el régimen del presidente Daniel
Ortega.
Todas las principales organizaciones de
derechos humanos coinciden en que la
mayor parte de la violencia viene de un
lado: la policía y los paramilitares de
Ortega. La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos (OEA) dice que
ya van 264 muertos desde que se ini-
ciaron las protestas el 18 de abril, mien-
tras que la Asociación Pro Derechos
Humanos de Nicaragua calcula la cifra
de muertos en 309 personas, y miles de
heridos.
Cuando le pregunté al jefe de la Comis-
ión Interamericana de Derechos Huma-
nos de la OEA Paulo Abrao cuántas de
las muertes fueron causadas por fuerzas
progubernamentales, me dijo que es
más del 90% del total.
Ortega, un populista de izquierda que
ha cooptado todos los poderes, está en
el poder desde 2007. Fue reelecto por
última vez en unas elecciones altamente
cuestionables en 2016.
Junto a su poderosa esposa, la vice-
presidenta Rosario Murillo, Ortega
afirma que las protestas están dirigidas
por “golpistas” y “terroristas”. Pero la
verdad es que lo que comenzó en abril
E
l juicio por el crimen de Paulina Leb-
bos está mostrando una radiografía
de la Policía. Más allá del resultado
del proceso oral -cuyo final se estirará hasta
2019, según parece- va a haber nuevas in-
vestigaciones, puesto que los jueces han
enviado a fiscalías a revisar casos surgidos
en las audiencias. ¿Habrá resultados? Con
este tribunal, es muy probable. Dos de es-
tos jueces intervinieron en el juicio de 2013
que terminó en condena a tres policías de
Raco por falsificación de actas en el caso de
Paulina Lebbos. Esos jueces ordenaron que
se hiciera la investigación por encubrimien-
to contra cinco de los actuales acusados.
Además de lo que pueda surgir de las pesqui-
sas que se están iniciando ahora, el caso Lebbos
está poniendo bajo la luz pública la forma de
trabajo policial, que tendrían que analizar tanto
los funcionarios de Seguridad como la Justicia
y la comisión legislativa que se ocupa de la
emergencia en seguridad. No se sabe si lo harán,
pero la Policía está siendo expuesta y con ella
la forma de proteger a los tucumanos. En reali-
dad, la falta de respeto a protocolos -en general,
la falta de protocolos-; la mala capacitación de
los agentes; la discrecionalidad de la tarea, sin
control; las acciones que rozan la legalidad -cu-
ando no se salen de lo legal- y la organización
de actividades como el servicio adicional, que
terminan desvirtuando el sistema, conforman
un panorama precario, caótico e inquietante. La
Policía de hace 12 años, cuando fue asesinada
Paulina Lebbos, tiene más personal pero es la
misma de siempre.
En los últimos dosmeses fueron citadosmuchos
policías a las audiencias y varios quedaron
acusados por falso testimonio. Las actas falsi-
ficadas sobre el hallazgo del cuerpo, que dieron
lugar a la condena en 2013 contra el jefe de la
comisaría de Raco, Enrique García, y dos de
sus subalternos, fueron la muestra de una se-
rie de irregularidades. La escena del crimen no
fue preservada; intervino la comisaría de Raco
cuando en realidad debía actuar la sede policial
de Tapia; hubo agentes, oficiales y comisarios
que no debían haber intervenido, otros que de-
bían actuar (como Criminalística Norte) y que
fueron separados; y no se le avisó al entonces
fiscal Alejandro Noguera. Además, varios de
La década perdida
Lamentable papel de
la ONU en Nicaragua
Las mañas
policiales
I
deas
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Lunes 16 de Julio de 2018
como una manifestación estudiantil se
ha convertido en una protesta nacional.
Estudiantes, sindicatos, profesionales
y las organizaciones empresariales más
grandes del país han salido a la calle
para protestar contra lo que se ha con-
vertido en una sangrienta dictadura.
Juan Sebastián Chamorro, presidente
de la Fundación Nicaragüense para
el Desarrollo Económico (Funides) y
miembro de la Alianza Cívica oposi-
tora, me dijo que “Ortega está tratando
de hacer creer al mundo que la violen-
cia viene de ambos lados. Pero ésta ha
sido una rebelión popular generalizada
y pacífica que se acumuló en 11 años
de un régimen autoritario”.
Lo que me trae de vuelta a la declara-
ción de Guterres llamando a “todas las
partes” a cesar la violencia. El direc-
tor de Human Rights Watch para las
Américas, José Miguel Vivanco, cali-
ficó acertadamente la declaración de
Guterres de “vergonzosa”.
Ya es hora de que las Naciones Unidas
hagan algo para detener el baño de san-
gre en Nicaragua. Se trata de una crisis
de derechos humanos más grande que
muchas de las que están acaparando
titulares en todo el mundo.
(Editorial diario de Cuyo Mendoza)
los que intervinieron negaron haberlo hecho
o dieron informes diferentes. Raúl Lobo, jefe
de Bomberos en 2006, negó haber ido a buscar
el cuerpo, pese a que eso figuraba en el libro
de Bomberos. Fernando Maruf, entonces jefe
de Inteligencia (D2), negó haber filmado en
el lugar del hecho pero él aparece con cámara
en mano en la filmación de Daniel Díaz, que
entonces estaba en Criminalística Norte. Y a la
vez la filmación de Díaz fue hecha sin permiso
de su entonces jefe, Fernando Vázquez Car-
ranza, y sin que quedara registro. Díaz mostró
ahora su filmación (la tuvo guardada 12 años)
y esa irregularidad generó un revuelo en tribu-
nales y en la Policía: él sigue siendo un oficial
en actividad en Criminalística.
Las actas fueron motivo de fuerte debate en
el juicio. El condenado comisario de Raco,
Enrique García, acusó a dos de los acusados
hoy -el ex subjefe, Luis Nicolás Barrera, y el
ex jefe de la Regional Norte, Héctor Rubén
Brito- de presionarlo para que se dijera que
la Policía había hallado el cuerpo (borraron
del documento a los baquianos Sergio y Mar-
celo Goitea, que fueron quienes avisaron a la
Policía). “Yo estaba para cumplir órdenes”, dijo
García. Su subalterno, Manuel Ezequiel Yapu-
ra -también condenado en 2013- dijo que tenía
miedo. “Brito me decía que iba a ir en cana”.
Este agente intervino en la falsificación del acta
que daba cuenta de queDiego SebastiánNieva,
un remisero que tenía un Fiat Duna rojo, había
pasado por Raco cuando fue la desaparición de
Paulina. Eso no era cierto. Nieva dijo que fue
“un pobre perejil” en esta causa.
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