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E
n el reciente informe sobre homicidios
realizado por el Consejo de la Magistra-
tura en la Capital Federal se da cuenta
de que el riesgo se incrementa hasta seis veces
en las villas alejadas del centro, de acuerdo a lo
publicado hace pocos días por “Clarín”. Esta
proporción, que responde a una lógica brutal de-
bido a que en los barrios de la periferia es noto-
riamente inferior la presencia de los organismos
estatales -cuando no es nula-, se ve en la falta de
controles de todo tipo. Por consiguiente, la inse-
guridad es mayor allí donde no hay acciones de
prevención policial.
Esta cuestión podría analizarse enTucumán, que
en los últimos días ha tenido varios episodios
trágicos que engrosan la cifra de homicidios, que
ya supera el centenar en lo que va del año. La tra-
gedia del cabo de la Policía federal Pablo Rebol-
lo, atacado el jueves por dos motochorros en la
autopista de Circunvalación y Guatemala, junto
al barrio Costanera, se inscribe en la estadística
de las zonas de riesgo del Gran Tucumán, lo
mismo que los recientes ataques homicidas en
el barrio Alejandro Heredia, en la ruta 302 en
Banda del Río Salí y en la calle Uruguay al 500.
Los homicidios son una alerta dramática sobre
cuán librados a su suerte están los ciudadanos
en las zonas periféricas, que a diario deben vé-
rselas con los ataques de arrebatadores y moto-
chorros –que constituyen la cara terrorífica del
delito callejero- y que viven encerrados en sus
enrejadas casas. Cada vez que ocurre una emer-
gencia en seguridad los vecinos –de la zona que
sea- cuentan cómo se las tienen que arreglar
hasta para ir y volver de la parada del colectivo.
En este sentido, la dolorosa historia del técnico
de una empresa de televisión por cable baleado
por un policía federal en villa 9 de Julio refleja
la sensación de inseguridad que agobia a los
ciudadanos. El hombre llevaba un arma para de-
fenderse de posibles ataques de delincuentes y
habría sido confundido por el policía, que pensó
que era un arrebatador. Villa 9 de Julio no es un
barrio marginal pero en sus calles se convive a
diario con el riesgo. Una carta de lector de ayer
da cuenta de cómo una joven fue apuñalado por
dos jóvenes violentos y drogados.
A todo esto, la respuesta de los organismos es
una reacción ante los sucesos. En Yerba Buena,
ante el asesinato del adolescente Valentín Vil-
legas, ocurrido el 21 de octubre, se aumentó en
50 agentes la escasa dotación policial y hubo un
compromiso de las autoridades municipales de
implementar medidas de mayor control. En la
provincia, el secretario de Seguridad dijo que se
llevan a cabo operativos durante los fines de se-
mana, debido a que en esos momentos se incre-
menta el nivel de violencia en la sociedad. “La
Policía trabaja en neutralizar la venta de droga
e investiga el tráfico y el movimiento de sustan-
cias prohibidas. También estamos dialogando en
las escuelas y en los barrios para concientizar a
los padres sobre el control de los hijos”, explicó.
Esta respuesta, no obstante, no ayuda a entender
en su totalidad el fenómeno de la violencia que
sacude a la provincia: en Alderetes ha sido en-
contrado el cuerpo de una persona ejecutada
a golpes y con una perdigonada en la espalda.
Nuestro informe sobre las denuncias de cada se-
mana que hacen los lectores a través del servicio
de Whatsapp nos da una dimensión de lo que
sucede en ciertos lugares de nuestra comunidad.
Un estudio básico, sólo de los homicidios en
lo que va del año, daría cuenta de que han au-
mentado los crímenes en ocasión de robo. Ese
análisis está haciendo falta en nuestro medio, así
como la investigación del uso de armas y las ci-
fras de heridos con armas de fuego y de lugares
de ocurrencia de los hechos, para entender lo que
sucede. La provincia se encuentra en emergencia
en seguridad, declarada por la Legislatura a pedi-
do del mismoGobierno. Pero desde hacemucho
tiempo no se reúnen los responsables para debat-
ir sobre las medidas que se deben llevar a cabo
en esta emergencia, así como las que deben for-
mularse para el futuro. Así lo reclaman las vícti-
mas, como los familiares de Valentín Villegas, y
así parece reclamarlo el sentido común cada vez
que una tragedia conmueve a la sociedad.
(Editorial diario La Gaceta, Tucumán)
D
urante el pasado año y luego de una or-
den judicial que exhortó al Congreso
de la Nación a cumplir con el mandato
legal, se conformó por primera vez en la histo-
ria la comisión bicameral para la designación
del defensor de los derechos de niños, niñas
y adolescentes, una figura vacante desde el
año 2005 y que por disposición legal debía
nombrarse 13 años atrás. La comisión está
integrada por diputados y senadores que, tras
establecer el proceso y garantías de idoneidad
y transparencia para la selección, serían los
responsables de designar al defensor.
El trabajo de esta comisión, durante el 2017,
culminó con un concurso que dio como resul-
tado 68 postulantes a cubrir ese cargo. Un gran
primer paso que debía continuarse en 2018. Sin
embargo, con el nuevo período parlamentario
debía renovarse la comisión. Este proceso que
suele darse a comienzo de año, por diferencias
políticas y falta de consensos recién se resolvió
en el mes de agosto.
Alejandra Perinetti, directora de Aldeas Infan-
tiles SOS Argentina, en una nota publicada en
infobae.com sostiene que para quienes hemos
seguido de cerca e impulsado activamente este
proceso, contar con la nueva comisión fue un
gesto de avance y observar el impulso que se
le dio al concurso y a los plazos previstos nos
generaba expectativas certeras de contar con la
designación en 2018. Finalmente, tras 13 años
de atraso, el Estado saldaría una de sus deudas
con la niñez.
El 13 de noviembre era la fecha límite, establec-
ida por el reglamento del concurso, para que la
comisión bicameral diera su dictamen en favor
de uno de los candidatos que posteriormente
sería ratificado por mayoría simple en la Cáma-
ra de Diputados y Senadores respectivamente.
Una vez más, no ocurrió. Nuevamente la falta
de acuerdos y consensos políticos se impu-
sieron sobre lo que realmente importa: que los
niños y niñas de nuestro país cuenten con una
figura que los represente y exija a cada uno
de los poderes del Estado que se cumplan sus
derechos.
En un contexto país donde las estadísticas
muestran a la niñez como el grupo más golpea-
do por la pobreza, donde más de la mitad de los
T
al vez sea efectivamente la casualidad la
que provocó que los restos del ARA San
Juan se encontraran exactamente un año
después de su desaparición. No hay argumen-
tos de peso para suponer otra cosa, más allá de
ciertas especulaciones de los familiares de los
tripulantes.
La tragedia deja numerosas incertidumbres
pero también algunas lecciones.
Las dudas deberán ser despejadas por la in-
vestigación judicial, que ahora con mayores
elementos de prueba podrá avanzar en la
determinación de responsabilidades o cul-
pabilidades, si es que verdaderamente ex-
istieron. Algunas hipótesis que son materia
precisamente de la pesquisa aseguran que
el desenlace fatal tuvo como causa un error
humano.
Otras, en cambio, señalan responsables.
En este caso aseguran que el accidente que
generó la implosión del submarino guarda
estrecha vinculación con su falta de man-
tenimiento. Para esta mirada del asunto, el
ARA San Juan no estaba en condiciones de
salir a aquella última misión. La postura
se sustenta en informes irreprochables que
indican que debería haber ido a dique para
mantenimiento en enero de 2017.
Es decir, diez meses antes de que ocurriese
la tragedia. No se deberá, sin embargo, caer
en la tentación de la utilización política del
caso. El Gobierno, adjudicándose méritos
en la detección de la nave hundida. Los de-
tractores del Gobierno, echando sobre los
funcionarios culpas no probadas debida-
mente. Entre las pocas certezas existentes
puede señalarse que la búsqueda finalmente
exitosa del submarino fue posible gracias la
tenaz perseverancia de los familiares de la
tripulación. Luego de los primeros intentos
de encontrar al ARA San Juan, de a poco
las naves que colaboraran en esa empresa la
fueron abandonando. Durante meses nadie
lo buscó.
Y fueron los familiares los que insistieron
de manera dramática para que la búsqueda
no acabara sin resultados. Durante más de
50 días las madres, esposas y hermanas de
los tripulantes debieron encadenarse a las
Urge que se debatan estrategias contra la inseguridad
Incertidumbres y lecciones Una deuda que continúa
rejas de la Casa Rosada para que el Gobi-
erno aceptara firmar el contrato con la em-
presa que finalmente que encontró el sub-
marino. Durante ese lapso, los funcionarios
ningunearon a los familiares. Hay allí una
falencia oficial que debería ser suficiente
para una autocrítica que todavía no llegó y
probablemente nunca llegue.
Otro flanco débil del Gobierno fue la ac-
tuación del ministro de Defensa, Oscar
Aguad, que por su escaso conocimiento de
los temas de competencia directa de su cart-
era y la mala relación que tuvo a los largo
de estos doce meses dolorosos con los fa-
miliares, dejó la impresión de no haber es-
tado a la altura de las circunstancias. Con el
descubrimiento del submarino a 900 metros
de profundidad, los familiares y amigos de
las víctimas podrán terminar de hacer el
duelo.
Pero el episodio aciago del ARA San Juan
no se cerrará debidamente hasta que la Jus-
ticia determine qué fue exactamente lo que
sucedió y si el desenlace fatal pudo preve-
nirse, señalando a los responsables, si los
hubiera, algo no demasiado frecuente en la
historia de los acontecimientos trágicos en
la Argentina.
(Editorial diario El Ancasti, Catamarca)
niños y niñas están en esta situación y un 10% se
encuentra en la indigencia, en medio de recortes
presupuestarios en programas sensibles de la
Senaf; ante el resurgimiento de ciertas narrativas
de peligrosidad de la adolescencia y juventud;
en medio de exigencias sociales de políticas
rígidas contra ciertos grupos de adolescentes y
jóvenes; la figura del defensor de los niños es
vital. Es un rol fundamental para garantizar el
ejercicio de derechos para todos los niños y ni-
ñas del país.
El retraso en la designación profundiza la des-
protección en la que se encuentran los niños y
niñas, que siguen librados a su propia suerte fr-
ente a la burocracia institucional y a la inexisten-
cia e insuficiencia de políticas y programas que
garanticen el acceso a sus derechos.
La deuda con la niñez anota un año más y se en-
camina a seguir engrosándose. Para los millones
de niños y niñas de nuestro país es mucho más
que un número que crece. Son posibilidades
que no llegan, puertas que se cierran, sufrimien-
tos que se prolongan, reparaciones que no se
concretan, desprotección asegurada. El acceso
al conjunto de los derechos aún está lejos de ser
realidad cotidiana y no se vislumbra en el corto
plazo que esto vaya a revertirse.
Respecto a la formalidad de la comisión bicam-
eral, 2018 culminó con una solicitud de prórroga
en la designación. El tratamiento en cámaras y
la designación final se postergan así hasta 2019,
un año electoral en el que la agenda política está
fijada de antemano.
(Editorial diario El Litoral, Corrientes)
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Lunes 19 de Noviembre de 2018
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