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Lunes 16 de Julio de 2018
L
ocales
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De un informe de la con-
sultora IDESA se despren-
de que ante la persisten-
cia de las turbulencias
financieras aumenta la
urgencia por equilibrar las
finanzas públicas. Uno
de los componentes que
se prevé abordar son las
transferencias discrecio-
nales a provincias. Se
trata de programas na-
cionales a través de los
cuales se envían fondos
o se financian adquisi-
ciones con el objetivo de
colaborar en la gestión de
servicios a cargo de los go-
biernos locales. Los más
importantes, pero no los
únicos, son los relaciona-
dos con servicios educati-
vos y de salud pública.
Este tipo de intervencio-
nes colisiona con el régi-
men federal que establece
que son las provincias las
responsables de adminis-
trar estos servicios. Sin
embargo, se han justifi-
cado como herramientas
tendientes a promover el
desarrollo social y corregir
brechas entre regiones.
Subyace el supuesto de
que los funcionarios na-
cionales son más idóneos
que sus pares locales para
administrar los fondos
públicos.
¿Cuáles es el volumen de
El sobregasto de cogestión: El estado nacional financia
funciones propias de los gobiernos provinciales
La realidad impone un reordenamiento del sector público nacional. Tan importante como propender a la sustentabi-
lidad financiera es mejorar la calidad de las intervenciones. Un paso fundamental es revisar críticamente los progra-
mas nacionales que se superponen con servicios a cargo de las provincias y municipios.
recursos que administran
los ministerios nacionales
para ejecutar funciones
propias de los gobiernos
provinciales? Si bien es
muy difícil dar una res-
puesta exacta, con infor-
mación del Presupuesto
2018 se puede estimar
que: El Ministerio de Edu-
cación nacional asigna
unos $43 mil millones
para reparación, insumos
y capacitación de escuelas
provinciales.
El Ministerio de Salud na-
cional asigna unos $34
mil millones para insu-
mos, fortalecimiento y ca-
pacitación de centros de
salud provinciales.
El Ministerio de Desarro-
llo Social nacional asigna
unos $3 mil millones más
en construcción y equipa-
miento de centros de de-
sarrollo infantil.
Estos datos muestran que
la Nación estaría gastan-
do no menos de $80 mil
millones en insumos para
escuelas y centros de sa-
lud provinciales. Dado
que equivale a un quinto
del déficit fiscal primario,
se trata de un volumen
cuya revisión podría hacer
una contribución impor-
tante a la reducción del
déficit fiscal. La duda que
se plantea es la incidencia
que esto podría tener so-
bre la calidad de la educa-
ción y la salud pública.
Estudios internacionales
relativizan el impacto de
este tipo de gasto sobre la
calidad de la educación y
la salud. Por ejemplo, una
publicación en la revista
Science ““Los desafíos de
la educación y el apren-
dizaje en los países emer-
gentes” releva mediciones
de impactos de más de 30
estudios en América La-
tina, Asia y África y con-
cluye que no se encuen-
tran impactos positivos en
educación en los gastos de
insumos (libros, material
de clase, computadoras,
reparaciones, etc.). Por el
contrario, encuentran que
los incentivos y el moni-
toreo de los docentes son
decisivos para el aprendi-
zaje de los alumnos. En
un estudio similar, “La
calidad de la atención pri-
maria en los países de ba-
jos ingresos: hechos y eco-
nomía”, se demuestra que
la calidad de la acciones
en salud es mucho más
sensible a los incentivos y
al monitoreo de los médi-
cos que a la provisión de
insumos.
Estas evidencias interna-
cionales ayudan a enten-
der la baja calidad de los
servicios de educación
y salud en la Argentina.
Aunque los programas
nacionales en educación
y salud estén cargados
de buenas intenciones,
en la práctica, potencian
el derroche de recursos.
Por un lado, porque no
hay posibilidad de admi-
nistrar centralizadamente
con eficiencia la compra
de libros, computadoras,
medicamentos, equipa-
miento médico o la cons-
trucción y reparación de
escuelas u hospitales en
todo el territorio nacional.
Pero lo más negativo es
que inducen a las provin-
cias a desatender lo más
importante, que es, el mo-
nitoreo y los estímulos a
docentes y médicos del
sistema público.
Que los ministerios na-
cionales dejen de coges-
tionar servicios a cargo de
las provincias y munici-
pios no solo debe ser asu-
mido como una vía para
recobrar sustentabilidad
en las finanzas públicas.
Además, es la oportuni-
dad para replantear roles
y hacer un aporte muy re-
levante en favor de la cali-
dad de los servicios socia-
les. En lugar de mantener
enormes estructuras na-
cionales, superpuestas
a la de los gobiernos lo-
cales, los ministerios na-
cionales deberían recon-
vertirse en agencias más
pequeñas y profesionales
concentradas en medir y
difundir resultados y limi-
tarse sólo a dar asistencia
técnica a los gobiernos
locales, especialmente de
las regiones más atrasa-
das, para que modernicen
su gestión.
¿Cuáles es el volumen de recursos que administran los ministerios nacionales para ejecutar
funciones propias de los gobiernos provinciales?
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